El sistema sanitario español se caracteriza por la coexistencia del sistema sanitario público nacional con los seguros sanitarios privados. Actualmente, prácticamente el 100% de la población española se halla cubierta por el sistema público, más de un 20% son además asegurados de entidades aseguradoras privadas. Únicamente los funcionarios civiles, los miembros de las fuerzas armadas y los miembros del poder judicial, que representan el 6,5% de la población española, puede elegir entre el seguro y el establecido por ley, decantándose el 86% por el aseguramiento privado. El resto de ciudadanos “supersolidarios” pagan doble cuota.
Esta situación hace muy difícil el desarrollo del seguro privado de salud, ya que al tener la cobertura pública, el tomador del seguro tiene que pagar dos veces por lo mismo. El valor añadido que ofrece el seguro sobre la cobertura pública, se basa en un trato más personalizado, inexistencia de listas de espera y amplios cuadros médicos para que el asegurado opte por el que más le interese.
Las graves dificultades de los países desarrollados en la Financiación del Gasto Sanitario Público, el imparable crecimiento de las Prestaciones demandadas por los ciudadanos y el avance de la aceptación generalizada, de que es difícilmente justificable, en el siglo XXI, delegar todos nuestros problemas de salud en el Estado, permite prever, que el papel del Sector Asegurador de Salud Privado debe incrementarse considerablemente en un futuro próximo. Es cada vez más probable, un acuerdo realista de nuestros partidos políticos, para hacer frente a los retos que hoy día tienen planteados las Sanidad, que no podía dejar de tener en cuenta, la eficacia de gestión, demostrada por el Sector Sanitario Privado en su conjunto y que deberá responsabilizar más a los ciudadanos sobre su propia salud.
El prestigioso profesor Guillem López Casasnovas, indica que debería hacerse la transición hacia un nuevo modelo que contemplara una diferenciación de la esfera de las responsabilidades de los ciudadanos, entre una esfera individual y otra pública.
En la esfera individual entrarían patologías o riesgos claramente predecibles como la gripe o una dislocación de tobillo, que no suponen la bancarrota económica de las familias y cuya cobertura vía Aseguradora privada, comportarían una prima mensual asequible.
En la esfera pública, deberían contemplarse riesgos catastróficos, aquellos difícilmente predecibles, como el nacimiento de un niño con espina bífida, Alzheimer o trasplante de órganos. La posibilidad de contraer estas enfermedades es muy baja, sus consecuencias económicas difícilmente asumibles y su coste de aseguramiento privado también viable.